Frío intenso y heladas azotan el interior peninsular esta noche de viernes a sábado

En 1994, España aún no contaba con la ley del jurado, por lo que un caso en Lugo fue juzgado por tres magistrados. El implicado regentaba un bar conocido popularmente por tráfico de drogas. Tras el juicio, el dueño desapareció y se instaló en Burgos, aunque la policía aseguraba no poder localizarlo. Una investigación independiente lo encontró rápidamente, aportando pruebas al proceso. Los contertulios especulan que un jurado popular habría cambiado la sentencia, alineándose con la creencia general de culpabilidad.

El 30 de abril de 1994, en un polígono industrial de Lugo, dos trabajadores de la nave Cash Record, dedicada a suministros para hostelería, fueron brutalmente asesinados durante un robo. Elena López, de 32 años, recibió un disparo en el rostro en la caja, mientras Esteban Carballedo, de 26, fue alcanzado en la cabeza tras esquivar el primero. El asesino se llevó 5 millones de pesetas de la caja fuerte y desapareció sin dejar rastro. La Policía Nacional de Lugo asumió el caso, apuntando inicialmente a un robo con un cliente habitual como autor, usando un arma de 9 milímetros. Sin embargo, la investigación se vio lastrada por errores procedimentales y sombras que impidieron avances. En 1994 surgió un sospechoso hostelero, señalado por testigos como un trabajador de su local y un toxicómano que lo vio probar armas y ofrecer el atraco a su cuñado. Pese a reaperturas impulsadas por los familiares —la hermana de Elena llegó a hacer una huelga de hambre de 24 días en 2012—, el caso se cerró en tres ocasiones. En 2023, el procesado negó todo y fue absuelto por falta de pruebas. El Tribunal Supremo rechazó el recurso familiar, dejando el doble crimen sin culpable tres décadas después. Para la justicia, el expediente está cerrado. Para las familias, la herida permanece abierta en su lucha por identificar al asesino de Cash Record.

La expansión de la peste porcina africana ha activado todas las alarmas en la zona mediterránea. Las administraciones han desplegado un operativo sin precedentes para controlar la población de jabalíes, especialmente en la Albufera, un espacio protegido donde estos animales depredan nidos de aves acuáticas y alteran la biodiversidad. En el Saler, con numerosas viviendas cercanas, los vecinos viven con máxima preocupación. Los jabalíes han abandonado las zonas de monte y se acercan a urbanizaciones, carreteras y campos abandonados, donde encuentran comida fácil, lo que eleva el riesgo de accidentes. Para combatirlos, se utilizan jaulas trampa de cable con disparadores adaptados al tamaño de los animales, cebadas con comida. En los últimos meses, se han capturado 400 ejemplares con estas jaulas y retirado 1.600 de cotos de caza promoviendo su captura. El operativo continúa en expansión en una carrera contrarreloj para proteger a la población y evitar que la crisis sanitaria se extienda.

Teresa camina por las calles de La Rinconada de Tajo, un pueblo extremeño donde el tiempo parece haberse detenido. Con 83 años, es una de las últimas testigos vivas de su fundación. Llegó allí con solo cinco años, hija de una de las 56 familias que, en los años 40, levantaron el asentamiento de la nada a orillas del río Tajo. El Instituto Nacional de Colonización compró cuatro fincas y las parceló entre los colonos: cuatro hectáreas de regadío y una de secano por familia. Las primeras viviendas eran precarias, conocidas como 'gangos', chozas de cañas y madera sin baño ni comodidades básicas. Los pioneros cultivaban algodón, maíz, cebada, trigo, pimientos y tomates, pero nada era gratis: ni las parcelas ni las viviendas, y el ganado inicial beneficiaba al Instituto. Aunque las condiciones eran duras, el relevo generacional ha transformado La Rinconada en lo que muchos llaman un paraíso. 'Vine aquí porque me casé con una nieta de un colono. Esto es un paraíso', dice un vecino. Teresa, aferrada a sus recuerdos, afirma: 'Abro la puerta y me encuentro tan a gusto que no puedo con más. Parece que veo a mis padres por todos lados'.