Acampada por la vivienda digna cuadruplica tiendas y protesta hoy en Sevilla

El gobierno español atraviesa horas críticas tras el previsible rechazo de Junts a los decretos que se votarán esta tarde. Según fuentes ministeriales, la formación independentista había mostrado disposición a respaldar las medidas pero cambió de posición en el último momento. Esta negativa complica la posición de Pedro Sánchez, que ha consultado durante la noche y la mañana con dirigentes de confianza sobre la conveniencia de adelantar las elecciones. Aunque varios le han aconsejado dar ese paso, la decisión final sigue en manos del presidente. El Ejecutivo busca que la votación se celebre hoy para que quienes voten en contra asuman el coste político de tumbar las medidas.

Alejandra, representante del sindicato de inquilinas, ha manifestado su indignación ante el rechazo parlamentario a un decreto de mínimos sobre vivienda. Según sus declaraciones, el Partido Popular, Junts y Vox actúan como brazo político del rentismo y bloquean medidas como la prórroga temporal de contratos de alquiler o la paralización de desahucios. La activista ha señalado que estas propuestas no afectaban siquiera a los pequeños propietarios y ha criticado la desconexión del Parlamento con la realidad de miles de inquilinos. Ha puesto como ejemplo casos como el de Mari Carmen para ilustrar la gravedad de los desahucios que se podrían evitar.

El Gobierno ha defendido en el Congreso la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler durante dos años sin subidas para evitar desahucios. El ministro ha recordado que cinco millones de españoles se ven afectados por el vencimiento de sus contratos y ha criticado que PP, Vox y Junts vayan a votar en contra. Durante su intervención, el ministro ha señalado que muchos votantes de la derecha también son inquilinos y ha acusado a los diputados de anteponer los intereses de fondos como BlackRock a los de las familias. Ha calificado de fraude los contratos de temporada y de habitaciones que encadenan subidas abusivas.

Una vecina de Madrid ha denunciado en una entrevista la situación de las familias afectadas por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión hace más de una década. La afectada recordó que durante el mandato de Ana Botella se vendieron 1.860 viviendas del parque público a un fondo a precio de saldo, lo que provocó numerosos desahucios y una larga resistencia por parte de los inquilinos. Según su testimonio, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se preocupa más por otros asuntos que por los grandes tenedores de vivienda, y las familias afectadas esperan una resolución del Tribunal de Derechos Humanos para poder recomprar sus casas al mismo precio que pagó el fondo.