Alejandra denuncia que el Parlamento está secuestrado por rentistas y especuladores

El gobierno español atraviesa horas críticas tras el previsible rechazo de Junts a los decretos que se votarán esta tarde. Según fuentes ministeriales, la formación independentista había mostrado disposición a respaldar las medidas pero cambió de posición en el último momento. Esta negativa complica la posición de Pedro Sánchez, que ha consultado durante la noche y la mañana con dirigentes de confianza sobre la conveniencia de adelantar las elecciones. Aunque varios le han aconsejado dar ese paso, la decisión final sigue en manos del presidente. El Ejecutivo busca que la votación se celebre hoy para que quienes voten en contra asuman el coste político de tumbar las medidas.

El Gobierno ha defendido en el Congreso la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler durante dos años sin subidas para evitar desahucios. El ministro ha recordado que cinco millones de españoles se ven afectados por el vencimiento de sus contratos y ha criticado que PP, Vox y Junts vayan a votar en contra. Durante su intervención, el ministro ha señalado que muchos votantes de la derecha también son inquilinos y ha acusado a los diputados de anteponer los intereses de fondos como BlackRock a los de las familias. Ha calificado de fraude los contratos de temporada y de habitaciones que encadenan subidas abusivas.

La acampada por la vivienda digna instalada frente al Congreso en Sevilla ha multiplicado por cuatro su tamaño en pocos días. Lo que comenzó con 23 tiendas de campaña ha alcanzado ya las 105, según informó el reportero Mario Montero. Los participantes preparan una pancarta para la manifestación convocada a las 7 de la tarde de hoy, que concluirá en el Palacio de San Telmo. Aunque inicialmente se habían previsto 50 acciones para mañana, los organizadores han decidido adelantar las protestas para exigir una huelga general. Los activistas aseguran que la falta de aprobación de los decretos en Madrid no los detendrá, sino que aumentará su indignación y su presencia en las calles durante el fin de semana en toda España.

Una vecina de Madrid ha denunciado en una entrevista la situación de las familias afectadas por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión hace más de una década. La afectada recordó que durante el mandato de Ana Botella se vendieron 1.860 viviendas del parque público a un fondo a precio de saldo, lo que provocó numerosos desahucios y una larga resistencia por parte de los inquilinos. Según su testimonio, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se preocupa más por otros asuntos que por los grandes tenedores de vivienda, y las familias afectadas esperan una resolución del Tribunal de Derechos Humanos para poder recomprar sus casas al mismo precio que pagó el fondo.