Los siete magistrados del Supremo condenan a Ábalos: ¿trabajan para el PP?

Yolanda Santos, hasta ahora concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, ha renunciado a su acta y se ha dado de baja como militante del Partido Socialista. La exconcejala fue detenida en una operación policial por supuestas irregularidades en la contratación municipal y, tras ser puesta en libertad provisional, debe comparecer ante el juez cada quince días. En un comunicado, Santos ha expresado su plena confianza en la justicia y ha confirmado su salida tanto del cargo como del partido.

Un debate político ha puesto de relieve un supuesto patrón de tres fases que vincula la difusión de informaciones falsas con procedimientos judiciales. Según los intervinientes, pseudomedios financiados por gobiernos del Partido Popular propagan bulos que luego son presentados como denuncias por organizaciones vinculadas a la ultraderecha. El Tribunal Supremo aparece citado como aval de este mecanismo tras absolver a Manos Limpias, lo que habría dado paso a un aumento de acusaciones. Los participantes también discutieron el mantenimiento de la acusación popular en España, única en Europa, y su uso por distintos actores políticos y asociaciones. Ningún partido con representación parece dispuesto a eliminar esta figura cuando no ostenta el poder, según las intervenciones recogidas en el transcript.

Los participantes del debate analizan las recientes declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre la necesidad de dinamitar el Ministerio de Hacienda. Comparan este caso con otras expresiones similares que sí generaron consecuencias judiciales. Se menciona al ex presidente del Tribunal Supremo para subrayar que el Código Penal español está diseñado principalmente para delitos menores. Los intervinientes coinciden en que el sistema no garantiza igualdad ante la ley. Marta Aroca defiende que la justicia debe aplicarse por igual independientemente de la persona investigada.

La abogada Lupe Sánchez, que representa al rey emérito y al entorno de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda de 300.000 euros contra un medio de comunicación madrileño. Según los participantes en el programa, la reclamación busca silenciar informaciones sobre el juez Pignado y su investigación a Begoña Gómez. Además, se han difundido filtraciones de la ODEF que incluyen datos privados de José Luis Rodríguez Zapatero, como su domicilio, cuentas bancarias y citas médicas o de peluquería. Los tertulianos advierten de que este tipo de acciones judiciales millonarias pueden afectar a la libertad de prensa y deteriorar la calidad democrática en España.

Durante un debate en el Congreso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpeló directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre si ya había presentado su declaración de la renta y de patrimonio. Sánchez replicó que esos datos los posee la Agencia Tributaria y no él personalmente. Los comentaristas recordaron informaciones previas de Infolibre sobre el alquiler de una vivienda en El Viso, zona cara de Madrid, y discutieron si las preguntas de Feijóo buscan generar sospechas sobre la situación fiscal del presidente.