El sudario judicial envuelve ya al expresidente Zapatero y amenaza a Sánchez

Tres personas irrumpieron en un acto político portando un cartel con la imagen de Sara Santaolalla y el lema 'esto es una denuncia falsa'. Los manifestantes fueron expulsados del recinto entre los gritos de los asistentes y bajo la supervisión de la policía. Los interruptores están vinculados a la organización juvenil Revuelta, cercana a Vox, que posteriormente alardeó del incidente en sus redes sociales. El debate en el programa giró en torno a si estos episodios de tensión se concentran en Madrid o se reproducen también en otras ciudades como Sevilla y Granada. Varios intervinientes coincidieron en señalar que en otras localidades la convivencia con la extrema derecha resulta más pacífica y que la voluntad de voto se respeta sin incidentes, a diferencia del ecosistema madrileño.

El juez Bosch ha analizado en directo las posibilidades de defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra. Según el magistrado, el auto judicial se basa en indicios de que Zapatero pudo intervenir a cambio de dinero a través de intermediarios. Bosch ha recordado que en los casos de corrupción es habitual el uso de testaferros y empresas pantalla, como ocurrió en el caso Zaplana. Sin embargo, ha señalado que Zapatero cuenta con el principio de facilidad probatoria para acreditar que los pagos recibidos por su círculo respondían a servicios reales. Si la defensa logra demostrar que Julio Martínez no actuaba como testaferro, gran parte de los indicios podrían desmoronarse y la causa podría archivarse. La siguiente declaración de Zapatero como investigado será clave para determinar el futuro del procedimiento.

El material analizado se reduce a una pregunta directa sobre la ausencia de un candidato en las elecciones. No se proporcionan datos sobre la persona referida ni motivos específicos que expliquen la interrogante planteada.

El juez José Luis Calama ha admitido la personación de PP y Vox como acusación popular en el procedimiento que investiga una presunta trama de tráfico de influencias. Los participantes en el debate sostienen que el auto judicial reproduce informes policiales sin cumplir los requisitos legales del Código Penal para este delito. Según los intervinientes, no se identifica a la autoridad o funcionario que habría sido influido ni se acredita la relación personal entre Zapatero y esa persona. Esta omisión convertiría la resolución en un documento insuficiente desde el punto de vista jurídico. Se recuerda la comparecencia de Eduardo Torres Dulce ante el Congreso en 2013, donde señaló que los jueces reciben las causas ya preparadas por unidades policiales como la UDEF. Los ponentes concluyen que el problema es estructural y que el proceso busca desgastar al Gobierno de Sánchez antes de las próximas elecciones.

El juez Calama de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El auto judicial detalla la colaboración de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, que aportó llamadas extraídas del móvil del expropietario de la compañía. En esas conversaciones se menciona repetidamente a Zapatero como vía para obtener la influencia necesaria. Además, el magistrado ha ordenado bloquear parte de las cuentas del expresidente y de su esposa Sonsoles Espinosa tras detectar abonos superiores a 490.000 euros procedentes de una consultora vinculada a otro investigado. El sumario completo sigue siendo necesario para aclarar todos los detalles de la trama.