El auto del juez Calama es un fraude al no identificar al funcionario influido
El juez José Luis Calama ha admitido la personación de PP y Vox como acusación popular en el procedimiento que investiga una presunta trama de tráfico de influencias. Los participantes en el debate sostienen que el auto judicial reproduce informes policiales sin cumplir los requisitos legales del Código Penal para este delito. Según los intervinientes, no se identifica a la autoridad o funcionario que habría sido influido ni se acredita la relación personal entre Zapatero y esa persona. Esta omisión convertiría la resolución en un documento insuficiente desde el punto de vista jurídico. Se recuerda la comparecencia de Eduardo Torres Dulce ante el Congreso en 2013, donde señaló que los jueces reciben las causas ya preparadas por unidades policiales como la UDEF. Los ponentes concluyen que el problema es estructural y que el proceso busca desgastar al Gobierno de Sánchez antes de las próximas elecciones.