Noche más cálida del episodio: 30 grados a medianoche en Madrid y Zaragoza

Un informe interno del Patronato de la Mujer definía a Inmaculada como una lesbiana peligrosa. Ese prejuicio ideológico y homófobo pudo condicionar que la justicia archivara su caso. En estos centros se encerraba a las jóvenes que no encajaban en el modelo de madre y esposa perfecta impuesto desde el franquismo. Inmaculada acumulaba tres factores de marginación: provenir de una familia humilde, fugarse del reformatorio y ser lesbiana. En 1983 la directora del centro, Feliciana Sánchez, declaraba que las lesbianas le repugnaban y que lo único que deseaba era que se marcharan. Esa salida solía significar el traslado a psiquiátricos donde se aplicaban electroshocks y tratamientos insulínicos.

Inmaculada Valderrama creció en la barriada de la Barca de la Florida en Jerez de la Frontera. A los 14 años viajó a Madrid con su hermana en busca de libertad. Fue internada en el reformatorio Nuestra Señora del Pilar de San Fernando de Henares dependiente del Patronato de Protección a la Mujer. Ocho días después su cuerpo apareció en el suelo tras caer desde un tercer piso. La versión oficial habló de suicidio pero la autopsia mostraba roturas incompatibles con una caída desde una ventana. Testigos ofrecieron relatos contradictorios y el levantamiento del cadáver se realizó de forma irregular. La familia no supo que el caso se había cerrado hasta más de cuarenta años después. La investigación periodística ha sacado a la luz las irregularidades que apuntan a un posible homicidio encubierto por el Estado.

El Ayuntamiento de Málaga ha activado una ordenanza que impone multas de 300 euros por orinar en el agua de la playa. Otras conductas habituales como jugar a las palas o utilizar altavoces también están sancionadas con importes entre 300 y 3.000 euros. La norma prohíbe además el acceso con animales domésticos a las zonas de baño y actividades como acampar, usar barbacoas o la venta ambulante. Varias personas consultadas en la playa consideran estas medidas desproporcionadas y de difícil aplicación.

Los habitantes de Valdeverdeja, un pequeño municipio de Toledo, aseguran que la tranquilidad ha desaparecido por los robos cometidos por un grupo de personas que vive en el mismo pueblo. Según los testimonios, los asaltos se repiten desde hace dos o tres años y afectan especialmente a personas mayores y a comercios locales. Los vecinos relatan cómo los ladrones entran en las viviendas, rompen puertas con bancos y sustraen dinero, tabaco y objetos de valor. Algunos incidentes han dejado a las víctimas muy afectadas, como una anciana que fue tirada al suelo durante un robo. La ausencia del cuartel de la Guardia Civil ha agravado la situación. Los residentes han organizado patrullas vecinales para protegerse, mientras denuncian que los detenidos son puestos en libertad poco después de los arrestos.