PlayStation elimina los discos en 2028: pierdes derechos sobre tus juegos

La ley de nietos, aprobada inicialmente en 2007 y ampliada en 2022, busca reparar el exilio de entre dos y tres millones de españoles durante la guerra civil y la dictadura. Permite a sus descendientes recuperar la nacionalidad que habrían heredado. Hasta octubre del año pasado se registraron 2,4 millones de solicitudes, sobre todo desde Argentina, y ya hay 500.000 expedientes aprobados. Solo unos 300 inscritos tienen derecho a voto. El PP y Vox acusan al gobierno de fabricar votantes, mientras el Ejecutivo lo considera un intento de socavar el sistema democrático. Los datos indican que la participación desde el extranjero es inferior al 10% y que el PP ha ganado entre estos votantes en las últimas elecciones.

En la Fundación 26 de Diciembre se destacan los aprendizajes que surgen del diálogo entre jóvenes y mayores. El término travesti representa para las generaciones anteriores un espacio de comunidad y resistencia frente a la discriminación. Las leyes restrictivas del pasado no solo afectaban al colectivo LGTBI sino que establecían límites de comportamiento para toda la sociedad. Estas normas buscaban controlar la población y reforzar marcos heteronormativos. La recuperación de testimonios orales, diarios y archivos personales permite comprender cómo estas restricciones moldearon la vida de todos.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España han entrado en una vivienda para intentar rescatar dos cadáveres que permanecen en su interior desde hace una semana. Las familias solicitaron apoyo porque la extracción solo es posible con maquinaria pesada. El equipo está formado por sesenta militares que incluyen médicos, sanitarios e ingenieros, y cuenta con ocho perros de rescate. Seis de ellos están entrenados para localizar personas con vida y los otros para encontrar restos. La situación es muy complicada por el estado del edificio, que ha quedado prácticamente derruido, y las condiciones obligan al uso de mascarillas. El equipo llegó día y medio después del terremoto y sigue trabajando contra el reloj.

El Tribunal Supremo ha acordado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del proceso de regularización de inmigrantes con el Convenio Schengen y el derecho comunitario. La decisión se produce después de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón, que solicitaban incluso medidas cautelares para paralizar el procedimiento. El gobierno, a través de la ministra Elma Saiz, ha reiterado que el proceso cuenta con todas las garantías jurídicas y que ya se han tramitado la mitad de las 1,2 millones de solicitudes recibidas. Expertos consultados indican que, en caso de que el TJUE se pronuncie, la resolución podría tardar meses o años y no tendría efectos retroactivos.