Trump afirma que destruir Los Ángeles o San Diego sería un precio pequeño

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Una activista ha vinculado de forma directa la muerte de Mari Carmen a los intentos de desahucio que sufrió en los últimos meses. Según su testimonio, las imágenes de octubre de 2025 muestran a una persona autónoma que sufrió un claro deterioro físico tras los sucesivos intentos de desalojo. El caso ha impulsado la aprobación del decreto Mari Carmen, que entró en vigor ayer, aunque la activista lo considera insuficiente y reclama cambios legislativos más profundos para proteger el derecho a la vivienda. Además, ha denunciado la difusión de bulos y desinformación sobre la vida personal de Mari Carmen en los medios y redes sociales durante las últimas semanas.

Krista Pike, de 50 años, permanece ingresada en cuidados intensivos tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. La reclusa, condenada por un asesinato cometido en 1995 cuando tenía 18 años, recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre sin que se produjera su fallecimiento. Las autoridades investigan un posible fallo en la vía intravenosa que habría provocado que parte del fármaco se filtrara a los tejidos. El director del sistema penitenciario, Frank Estrada, ha presentado su dimisión y el gobernador Bill Lee ha suspendido todas las ejecuciones previstas hasta el final del año. El caso ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en el estado, donde el reverendo Timothy Holton defiende que la justicia debe equilibrar responsabilidad y clemencia.

Mari Carmen, una mujer de 87 años, falleció en el hospital tras ser desahuciada de su vivienda en Madrid. Había vivido más de siete décadas en la misma casa de renta antigua en la calle Alcalde Zaid de Baranda. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda después de que una orden judicial la obligara a abandonar su hogar. Vecinos y activistas intentaron evitar el desalojo que finalmente se ejecutó. Cinco días después del desahucio se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria y el Ayuntamiento para que pudiera regresar, pero ya no pudo hacerlo. Su abogada y activistas destacaron el impacto de su historia en el debate público sobre el acceso a la vivienda.