El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la amnistía aprobada en España no vulnera el derecho comunitario. La sentencia permite aplicar la norma a los actos que generen responsabilidad contable sin afectar los intereses económicos de la Unión.
Unas 400 personas, entre políticos, activistas y policías, ya han visto aplicados los efectos de la ley. Sin embargo, dos procedimientos siguen en suspenso: el del Tribunal de Cuentas por el desvío de cinco millones de euros para el referéndum y la causa de la Audiencia Nacional contra una docena de CDR por terrorismo.
La decisión europea no resuelve la situación de Carles Puigdemont ante el Tribunal Supremo, que mantiene su orden de detención. El Alto Tribunal esperará primero la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo antes de valorar una posible cuestión prejudicial adicional.