Científica de Siberia muere por neumonía de origen desconocido, según autoridades

La administración Trump ha deportado a más de 40.000 migrantes a terceros países, entre ellos personas del colectivo LGTBI que huyeron de persecución sexual y solicitaron asilo en Estados Unidos. Elena, con nombre ficticio, y Carlos Alberto, ambos colombianos, fueron enviados a la República Democrática del Congo pese a contar con protección que impedía su devolución a origen. Tras dos meses en un hotel en África lograron volar a España, donde ahora piden asilo en Valencia. Según CEAR estas prácticas vulneran derechos humanos al expulsar a personas a países no seguros con los que Estados Unidos mantiene acuerdos.

Carles Puigdemont ha reivindicado la ley de amnistía como el reconocimiento explícito del Estado español de que los conflictos políticos no deben resolverse mediante la represión penal. Según sus palabras, el expresidente y otros miembros del Govern abandonaron España como ciudadanos libres antes de cualquier querella y posteriormente comparecieron ante la justicia belga tras la euroorden emitida por España. Puigdemont subraya que el regreso en libertad sin haber pisado cárceles ni tribunales españoles demuestra que la vía legislativa ha rectificado el enfoque anterior y confirma que en Europa los conflictos se resuelven políticamente.

La presidenta del Parlamento Europeo ha denunciado públicamente que alrededor de cincuenta eurodiputadas han sido víctimas de pornografía generada mediante inteligencia artificial. Las imágenes, hiperrealistas pero falsas, han generado una fuerte indignación entre las mujeres afectadas. Según una investigación de una plataforma alemana, una de cada seis eurodiputadas habría sufrido este tipo de acoso. Bruselas ha pedido a los Estados miembros que adopten medidas para frenar este tipo de ciberacoso. La propia presidenta ha calificado los hechos como intolerables y deplorables.

El colectivo feminista Flama ha abandonado su acampada en la plaza de España de Palma tras denunciar casos de acoso sexual. Los organizadores confirmaron que las personas implicadas ya fueron expulsadas de la concentración. El alcalde de Palma ha solicitado formalmente a la delegación del Gobierno el desalojo del espacio. Los acampados restantes aseguran que mantendrán la protesta para reclamar soluciones al problema de la vivienda pese a las bajas registradas.