Tres meses después de las imágenes de la entrada masiva de personas en Ceuta, las autoridades mantienen a 7.500 migrantes en centros de acogida del gobierno. Los ciudadanos locales aseguran que la normalidad no ha regresado y evitan salir solos, especialmente de noche, por temor a la inseguridad.
El gobierno de Ceuta calcula que la crisis ha provocado 75 millones de euros en pérdidas y una caída del 90% en el turismo. Mientras tanto, 3.000 menores son atendidos en la comunidad autónoma y casi 300 han sido reubicados en la península.
Asociaciones como Elín y Caminando Fronteras han denunciado devoluciones ilegales de ciudadanos yemeníes y subsaharianos. La Audiencia Nacional ha solicitado al gobierno la desclasificación urgente de documentos del CNI relacionados con la actuación de las autoridades españolas y marroquíes en un plazo de 12 días.