Calendario escolar 2026-2027: Navarra inicia el curso el 4 de septiembre

La delegación del gobierno de Madrid ha enviado una respuesta al ayuntamiento en la que aclara aspectos jurídicos sobre la convocatoria de actos públicos. Según el comunicado, el consistorio no puede ampararse en el derecho de reunión para organizar manifestaciones y debe limitarse a actos institucionales. La Constitución Española reconoce en su artículo 21 el derecho a manifestarse, que requiere solo comunicación previa y puede prohibirse únicamente por razones de orden público. Los expertos consultados indican que estos derechos fundamentales están dirigidos a las personas y no a las administraciones públicas.

Se cumple un año desde el primer ataque de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha ordenado por Trump. En ese periodo se destruyeron más de 60 embarcaciones y murieron 227 personas sin que exista acreditación judicial de su vinculación con el narcotráfico. Doce meses después el negocio de la droga sigue activo. Sin embargo Trump habría alcanzado un objetivo paralelo con el cambio de gobiernos en Venezuela y Colombia, países desde donde partían las embarcaciones.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una convocatoria para cubrir 500 plazas de reservistas voluntarios en España. Esta oferta permite a personas entre 18 y 55 años recibir formación militar de forma voluntaria sin que implique el regreso del servicio militar obligatorio, que finalizó en 2001. Varios países europeos han reintroducido recientemente el servicio militar obligatorio debido a la guerra en Ucrania y a la posible retirada de tropas estadounidenses. Alemania ha aprobado un censo y chequeos médicos para jóvenes a partir de 18 años, lo que ha generado protestas. Expertos como el jefe de la Agencia Europea de Defensa señalan que el contexto de inseguridad podría hacer necesario en el futuro un mayor esfuerzo de defensa por parte de los países europeos.

El director de la Policía Nacional ha transmitido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el informe elaborado a instancias de la Audiencia Nacional no responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Según las explicaciones ofrecidas, la magistrada encargada del caso habría instruido a los investigadores para que no informaran a sus superiores sobre el contenido del documento. Marlaska solicitó aclaraciones tras tener conocimiento del encargo judicial.