La Fiscalía apoya que la Audiencia Nacional investigue a Julio Iglesias por agresión sexual

Un vecino de Jaén recibió la oferta de una vivienda de protección oficial por 350.000 euros. El importe supera en un 30% el precio medio de la vivienda libre de segunda mano en la provincia y resulta inalcanzable para la mayoría de los demandantes. De las 240 personas a las que se les propuso adquirir estos pisos, únicamente cuatro los aceptaron. Los interesados destacan la imposibilidad de reunir los 85.000 euros iniciales más la cuota hipotecaria. El mismo desajuste se produce en otras trece provincias, muchas de ellas con menor población y precios de mercado más asequibles. Las comunidades autónomas establecen un coeficiente único que no distingue entre zonas tensionadas y zonas con escasa demanda. Los promotores argumentan que el encarecimiento de los costes de construcción impide reducir el precio final de estas viviendas.

El libro Un metro cuadrado de memoria explora cómo el alquiler elevado genera un desahucio silencioso que obliga a los vecinos a abandonar sus barrios. Este proceso impide construir vínculos con el comercio local, los vecinos y los colegios de los hijos, desplazando progresivamente a las personas. El testimonio recuerda que desde la época franquista se fomentó la propiedad frente al alquiler, considerado entonces vinculado al comunismo, lo que ha dejado sin apoyo el alquiler social.

Las protestas estudiantiles han vuelto a registrarse en Albania, donde los manifestantes han atacado el Ministerio de Educación y han chocado con la policía, dejando un saldo de 23 detenidos. En Grecia, movimientos juveniles han optado por acampar frente al Parlamento para expresar su rechazo al elevado coste de la vida y de la vivienda en el país.

Las protestas estudiantiles en Francia han puesto en evidencia el grave deterioro del sistema educativo público tras cuatro décadas de abandono. Imágenes de institutos en llamas, menores heridos y más de seis mil detenciones han circulado por todo el mundo. El origen se remonta a los años sesenta, cuando se construyeron escuelas de forma masiva y económica para atender al baby boom. En 1986 el Estado transfirió estos edificios a ayuntamientos y regiones, lo que agravó las desigualdades según los recursos de cada territorio. Hoy el 85 % de los centros contiene amianto, un 25 % corre riesgo de inundación y muchos alumnos evitan los baños por suciedad. La escasez de profesores, con salarios cercanos al mínimo y condiciones precarias, ha provocado que falte al menos un docente en más de la mitad de las escuelas. Las ratios medias de 35 alumnos por aula afectan especialmente a zonas vulnerables como Saint-Denis, origen de las protestas. El último informe PISA confirma el descenso histórico del nivel educativo y el aumento de las desigualdades entre ricos y pobres.