Rescate en el Hierro: tres cayucos en el mar y uno ya en puerto

La Fiscalía ha solicitado formalmente la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación vinculado a joyas encontradas en su antiguo despacho. El ministerio público rechaza además la posibilidad de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para recabar información adicional sobre el caso. Por otro lado, el juez Calama ha ordenado a Patrimonio Nacional que entregue en un plazo de dos días una copia de los documentos que acrediten la aceptación de obsequios recibidos durante las dos legislaturas en las que Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha declarado que intentará formar gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre aunque el Partido Popular no resulte la fuerza más votada. El líder popular no ha descartado un posible pacto con Vox si este le permite sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Entre sus propuestas destacan la supresión del ministerio de Igualdad como departamento independiente, la reapertura del debate sobre el aborto en menores de edad y la garantía de que el salario mínimo interprofesional no tribute en el IRPF.

Un integrante del coro explica la preparación previa a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. El grupo mantiene ensayos semanales durante todo el año y realiza un ensayo general en el Teatro Campoamor antes del evento. La formación habitual de entre 85 y 88 personas se reduce a unos 80 para esta actuación que requiere una concentración especial. Los participantes destacan el esfuerzo acumulado a lo largo de más de tres décadas de presencia en los premios. Pese a las horas de sacrificio, el coro valora la recompensa que supone actuar en este escenario cultural de referencia.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que entregue en un plazo de cinco días la lista con los nombres y apellidos de las 163.020 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Estos ciudadanos no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre debido a una decisión previa del propio tribunal. La resolución afecta a los ministerios de Exteriores, Justicia y Presidencia, que deberán facilitar los datos para permitir una correcta elaboración del censo electoral. El Supremo advierte que el incumplimiento podría acarrear multas de hasta 1.000 euros o la deducción de testimonio.