El día que deje de aprender dejaré de cocinar: el mayor miedo de un chef

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos revelan que la pobreza en Argentina alcanzó el 30% de la población durante el primer semestre del año. Esto representa cerca de 15 millones de personas en situación de pobreza y 3,5 millones en indigencia. El índice ha crecido casi cuatro puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Observatorios privados con metodologías distintas estiman que las cifras reales podrían ser aún más elevadas. La economía argentina muestra señales de estancamiento con aumento del desempleo, mayor informalidad laboral y caída del PIB. Las familias de clase media enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y recurren al endeudamiento con tarjetas de crédito. El presidente Javier Milei ha negado la existencia de una recesión y ha calificado la situación como una desaceleración del ritmo de expansión económica.

Google Maps ha publicado actualizaciones de sus imágenes satelitales de la Franja de Gaza que muestran la extensión de la destrucción causada por los combates. Desde Rafá hasta Jan Yunis se aprecian barrios enteros convertidos en montones de escombros. Las fotografías también captan los campamentos de tiendas donde reside la mayor parte de la población desplazada.

El Tribunal Supremo ha rechazado la demanda interpuesta por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por falta de competencia. El alto tribunal considera que Díaz actuó en calidad de ciudadana y dirigente política y no como miembro del Gobierno, por lo que el caso debe tramitarse ante los juzgados ordinarios. La denuncia se basa en unas declaraciones realizadas por Díaz en redes sociales y en el programa La Hora de la 1 sobre las acusaciones de dos ex empleadas contra Iglesias por presuntos abusos sexuales.

El gobierno ha aprobado hoy dos decretos de vivienda tras la movilización provocada por el desahucio de Mari Carmen. El primer texto extiende dos años la congelación de alquileres en zonas tensionadas y regula los contratos de temporada para evitar fraudes. También amplía la protección contra desahucios hasta 2030 y prohíbe la compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028. El segundo decreto establece la renovación automática de contratos de alquiler, convirtiéndolos en indefinidos, aunque esta medida podría no superar el trámite en el Congreso. El sindicato de inquilinas advierte que las reformas son insuficientes y no abordan los problemas estructurales del mercado inmobiliario español. Según datos oficiales, el 61% del alquiler está en manos de grandes tenedores, los precios han subido un 45% desde 2015 y existe un déficit de 750.000 viviendas. El viernes el Congreso decidirá si convalida los decretos.