La Policía Nacional cita este vídeo como prueba de la responsabilidad marroquí en Ceuta

El jurado del caso de Lindsay Clancy ha comunicado al juez su incapacidad para alcanzar un veredicto unánime tras cuatro días de deliberaciones. La acusada ha reconocido la autoría de la muerte de sus tres hijos, por lo que el debate se centra exclusivamente en determinar si actuó con responsabilidad penal. Si es condenada por asesinato en primer grado, se enfrenta a cadena perpetua, mientras que una absolución por falta de responsabilidad la llevaría a un hospital psiquiátrico estatal. La defensa sostiene que Clancy sufría psicosis posparto en el momento de los hechos, mientras que la acusación argumenta que el crimen fue planeado y que la acusada actuó con pleno control cuando su marido no estaba en casa.

Miles de ceutíes han salido hoy a las calles del centro de la ciudad para participar en la manifestación más numerosa registrada desde la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio. La marcha transcurre a escasos metros de la Delegación del Gobierno en un ambiente cargado de emoción y agitación. Los manifestantes reclaman al Ejecutivo central que adopte medidas urgentes para proteger a Ceuta y a sus habitantes. Intervenciones recogidas durante la protesta subrayan el sentimiento de unidad: "Ceuta y Melilla son tan españolas como Zaragoza o como Madrid". Los participantes insisten en que la fuerza demostrada hoy es "imparable" e "invencible" y marcan el inicio de una recuperación para la ciudad autónoma.

Un informe remitido a la Audiencia Nacional sostiene que las fuerzas de seguridad de Marruecos planificaron y ejecutaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el pasado mes de julio. El documento de 55 páginas, que ya está en manos de la jueza María Tardón y de la Fiscalía, incorpora imágenes de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, dirigiendo a los migrantes hacia la frontera. Radio Televisión Española ha tenido acceso al contenido del informe y ha confirmado su existencia y remitente.

La delegación del gobierno de Madrid ha enviado una respuesta al ayuntamiento en la que aclara aspectos jurídicos sobre la convocatoria de actos públicos. Según el comunicado, el consistorio no puede ampararse en el derecho de reunión para organizar manifestaciones y debe limitarse a actos institucionales. La Constitución Española reconoce en su artículo 21 el derecho a manifestarse, que requiere solo comunicación previa y puede prohibirse únicamente por razones de orden público. Los expertos consultados indican que estos derechos fundamentales están dirigidos a las personas y no a las administraciones públicas.