Polonia despliega aviones militares ante drones rusos cerca de Ucrania

Varios cirujanos del hospital Ramón y Cajal han denunciado que el centro sanitario modificó la gravedad registrada de algunos pacientes pendientes de intervención. Según las acusaciones, el objetivo era reducir artificialmente las listas de espera quirúrgicas. Los facultativos señalan directamente a los responsables del hospital como impulsores del cambio. La Comunidad de Madrid ha rechazado las afirmaciones y mantiene que no se ha producido ninguna alteración de datos.

El juez Pablo Yaren ha rechazado nuevamente la aplicación de la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El magistrado mantiene activa la orden de detención que pesa sobre el político en España. Según el auto judicial, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la amnistía al no afectar a fondos europeos, pero no resuelve si los hechos de malversación vinculados al procés respondieron a un interés personal, aspecto que el Tribunal Supremo considera determinante.

España pone en marcha desde hoy un sistema para bloquear SMS de marcas no verificadas con el objetivo de reducir las estafas. Las operadoras de telefonía impedirán cualquier comunicación procedente de compañías que no se hayan registrado previamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta iniciativa busca proteger a los usuarios frente a mensajes fraudulentos.

Dos voluntarios de una caseta que presta servicios a personas migrantes en Oviedo sufrieron una agresión por parte de ocho individuos de ultraderecha. Los atacantes arrancaron banderas LGTB y un cartel antirracista antes de propinar puñetazos y patadas, dejando inconsciente a uno de ellos. Los afectados relataron que el alcalde de Oviedo restó importancia al incidente al calificarlo de anécdota y al afirmar que los agresores no eran tan malos chavales. También señalaron que la concejala de Vox Sonsol Esperalta había apuntado previamente a las casetas y que el diputado Ignacio Jové se rió de la agresión sin condenarla. Los voluntarios consideran que se trata de un delito de odio motivado por el trabajo con migrantes y la presencia de símbolos LGTB, y advierten de que la agresión pudo haber tenido consecuencias letales.

Un representante político de Canarias ha reclamado que España responda como país ante la llegada de menores migrantes procedentes de Argelia. Durante su intervención ha recordado las dificultades pasadas para acordar la distribución de apenas 400 menores en todo el territorio nacional y ha advertido de que las mismas resistencias aparecerán cuando los flujos alcancen otras comunidades como Murcia. El político ha subrayado que la solidaridad no puede limitarse a declaraciones y ha pedido reuniones para alcanzar acuerdos concretos, aunque ha reconocido que no se puede obligar a las comunidades sin cambios legislativos. Ha señalado además que la falta de respuesta unitaria está fortaleciendo a Vox y a la ultraderecha.