Cristina Narbona niega al juez tener conocimiento de la trama de Leire Díez

Las mafias suecas están reclutando a niños y niñas desde los 11 años para cometer asesinatos y otros delitos violentos. A cambio ofrecen cantidades que van desde 5.000 euros por una agresión hasta 44.000 por un disparo mortal, además de ropa y accesorios de lujo que los menores exhiben en redes sociales. El año pasado Suecia registró 44 asesinatos y 317 tiroteos, el doble que el ejercicio anterior. Los menores de 15 años no pueden ser encarcelados, por lo que las organizaciones criminales los captan a través de Telegram, Instagram y WhatsApp ofreciendo misiones como si fueran videojuegos. El gobierno conservador de Ulf Kristersson ha endurecido las penas y ha propuesto bajar la edad penal a los 13 años. Sin embargo, la policía sueca advierte que las mafias simplemente reclutarán a niños aún más pequeños mientras exista un mercado criminal que valora la vida de un rival en apenas 9.000 euros.

Ana Patricia Botín y el presidente de Mercadona coincidieron en un acto social donde intercambiaron presentaciones humorísticas. La banquera aprovechó la ocasión para sugerir al empresario abrir una cuenta en Santander. El momento fue compartido por el youtuber Aisho Speed, presente en el evento.

El acuerdo firmado ayer en Bruselas entre la Comisión Europea y el Reino Unido marca el inicio de una nueva etapa para Gibraltar y la región. España asumirá el control Schengen en el aeropuerto garantizando la seguridad de la frontera exterior europea. Se establece una unión aduanera y convergencia fiscal que pone fin a desequilibrios históricos. El aeropuerto se abre al tráfico civil con gestión compartida para fomentar el turismo la inversión y el desarrollo del Campo de Gibraltar.

Una familia con cuatro menores, uno de ellos con síndrome de Down, ha sido desahuciada este miércoles en Madrid a pesar de la petición formal de la ONU para suspender el procedimiento. La madre, Dulce, ha declarado no saber leer ni escribir y ha mostrado su desesperación por la situación de sus hijos. Las protestas de colectivos antidesahucios y asociaciones vecinales no lograron paralizar la actuación judicial. La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, se presentó en el lugar pero la policía le impidió el acceso a la vivienda. El ayuntamiento ha asegurado que la familia rechazó todas las alternativas habitacionales ofrecidas. El SAMUR social no intervino al considerar que la afectada cuenta con una red de apoyo y que corresponde a los servicios sociales de distrito atender el caso.