El Tribunal Supremo ha acordado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del proceso de regularización de inmigrantes con el Convenio Schengen y el derecho comunitario.
La decisión se produce después de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón, que solicitaban incluso medidas cautelares para paralizar el procedimiento.
El gobierno, a través de la ministra Elma Saiz, ha reiterado que el proceso cuenta con todas las garantías jurídicas y que ya se han tramitado la mitad de las 1,2 millones de solicitudes recibidas.
Expertos consultados indican que, en caso de que el TJUE se pronuncie, la resolución podría tardar meses o años y no tendría efectos retroactivos.
