Miguel Bosé vincula los incendios en España con la Agenda 2030 y el clima cambiático

Los trabajadores de la Dirección General de Emergencias en Galicia han denunciado la precariedad de sus contratos laborales. Según su testimonio, la plantilla ha pasado de 500 empleados en 2008 a solo 124 plazas en 2023. Explican que firman contratos como conductores de taxis o técnicos de mantenimiento pero son enviados a combatir incendios forestales. Además, aseguran que deben desplazarse con sus propios vehículos desde su centro de trabajo en la carretera a La Coruña. El proceso de adjudicación de destinos se realizó sin una normativa clara y generó coacción entre los empleados, según relatan. Uno de ellos solicitó el encuadre jurídico del acto un mes antes de la campaña forestal sin obtener respuesta.

Un representante sindical ha manifestado su sorpresa ante la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien según él conoce las protestas de los trabajadores pero no actúa para resolver sus reclamaciones. Durante el debate se ha subrayado que la prevención de incendios requiere un presupuesto que la administración no está dispuesta a asumir, a pesar de que los costes posteriores de extinción y daños superan ampliamente esa inversión inicial. El portavoz ha recordado que las movilizaciones han sido muy visibles y que la falta de recursos pone en riesgo tanto el medio natural como las vidas y propiedades de los madrileños.

Un trabajador de la Comunidad de Madrid ha denunciado públicamente que lleva desde 2012 sin un contrato formal a pesar de sentencias del Tribunal Supremo que debían regularizar su situación como fijo discontinuo. Según su relato, la administración regional ha optado por contratos de innovación que carecen de documentación real y no están registrados en el SEPE. La denuncia judicial presentada hace dos años sigue paralizada por negociaciones que no han fructificado. El testimonio pone de manifiesto posibles irregularidades en la contratación pública y la falta de transparencia en los expedientes administrativos.

Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han denunciado públicamente la falta de movilización durante los incendios que afectan a la región. Según sus declaraciones, el operativo cuenta con un 50% menos de personal y carecen de vehículos, camiones y herramientas adecuadas para combatir el fuego. Los trabajadores también alertan sobre el estado de su equipamiento de protección. Afirman que las mascarillas están caducadas desde 2023 y que desconocen si sus trajes están operativos, lo que pone en riesgo su salud al exponerse al humo de los incendios. Oscar Castro, bombero forestal, ha explicado que la Comunidad de Madrid les asigna categorías laborales como técnico de mantenimiento de edificios o conductor de taxis para eludir el cumplimiento de la ley del bombero forestal aprobada en 2024. Esta práctica les impide acceder a pluses de peligrosidad y al reconocimiento de enfermedades profesionales.

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, había destacado días atrás que la región cuenta con la mayor concentración de recursos contra incendios de toda Europa. Sin embargo, ante la intensidad de los fuegos recientes las autoridades autonómicas solicitaron apoyo al Gobierno central. Voces del sector bomberos critican que durante el invierno no se ejecutaron las labores de prevención necesarias. Señalan que es preciso modificar el modelo de gestión de los montes para crear infraestructuras estratégicas que permitan actuar con seguridad cuando se produzcan grandes incendios. En momentos de máxima virulencia los equipos tuvieron que replegarse a las carreteras porque carecían de anclajes, puntos seguros ni rutas de escape. Los intervinientes insisten en que solo con actuaciones preventivas en el territorio se podrá responder eficazmente a estos eventos.