¿Dónde está la policía en Ceuta mientras fascistas apalean a personas en las playas?

Antonio Garamendi ha visto extendido su mandato al frente de la patronal CEOE. Durante su intervención ha señalado un exceso de absentismo y ha vinculado las bajas laborales a una supuesta falta de cultura del esfuerzo entre los trabajadores. Villarroya ha respondido que las bajas son certificadas exclusivamente por médicos cuando existe una incapacidad real. Ha apuntado que el elevado número de bajas podría deberse a condiciones laborales que generan problemas físicos o psicológicos. El debate ha derivado hacia la interpretación de que los empresarios pretenden endurecer las condiciones para la clase trabajadora, aunque siempre respetando el criterio médico.

Un equipo periodístico ha tenido que abandonar la playa del Trampolín tras ser amenazado por ultras que atacaban a los migrantes. Los reporteros grabaron cómo grupos encapuchados bajaban de coches con palos y golpeaban las tiendas de campaña donde duermen más de mil personas. Según el testimonio, la policía estuvo presente durante el día pero se retiró por la noche, dejando la zona sin protección. Los agresores también lanzaron piedras contra los periodistas e intentaron que borraran las imágenes. Las manifestaciones vecinales fueron canceladas ante la llegada prevista de ultras de otras partes de España.

Los datos recientes muestran que el 43% de las horas extra realizadas en España no se abonan a los trabajadores. Esta práctica genera un ahorro anual superior a 3.300 millones de euros para las empresas en salarios y cotizaciones. Las multas impuestas por la inspección de trabajo superaron los 15 millones de euros en 2025. Las diferencias entre comunidades son notables. Madrid registra un 55% de horas extra sin pagar, siendo la única donde las no remuneradas superan a las pagadas. Le sigue el País Vasco con un 49%, mientras que Canarias presenta el porcentaje más bajo con un 16%.

El análisis presentado subraya que reivindicar la españolidad exige ante todo la aplicación estricta de la Constitución y del Estado de Derecho en Ceuta. Según el discurso, esto implica estudiar caso por caso la situación de los menores antes de cualquier devolución y sancionar a quienes cometan actos delictivos como agresiones a policías o daños a bienes ajenos. Se critica la impresión de que algunos sectores exigen el cumplimiento de la ley solo para ciertos grupos mientras otros actúan al margen de ella. El mensaje central insiste en que el orden jurídico debe ser común para todos y que cualquier figura pública, como el senador Salte, debe responder por su eventual ruptura.