El expresidente José María Aznar firmó en 2010 un contrato con Befesa, filial de Abengoa, para intentar conseguir cuatro grandes desaladoras en Libia durante el régimen de Gaddafi. El acuerdo preveía adjudicaciones de hasta 950 millones de euros y una comisión de éxito del 1%, además de un adelanto superior a 100.000 euros que Aznar recibió pocos días después de la firma. El documento también mencionaba a Pablo Casado como persona de contacto. Durante el debate se comparó este caso con las investigaciones judiciales sobre José Luis Rodríguez Zapatero relacionadas con la aerolínea Plus Ultra. Los participantes discutieron si las pesquisas responden a criterios jurídicos homogéneos o si existe una motivación política selectiva. Se abordó la diferencia entre la actividad de lobby, considerada legal, y el tráfico de influencias, que requiere identificar a la persona con capacidad de decisión y una relación personal probada.

Felipe González ha recordado durante un acto público su invitación al penúltimo congreso del PSOE pese a haber perdido la confianza en Pedro Sánchez. El expresidente evitó detallar los motivos de su ruptura y señaló que, si dijera todo lo que piensa, 'ardería Troya'. La conversación derivó hacia los supuestos negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Dubái y los contratos de José María Aznar con Libia, incluyendo pagos y regularizaciones fiscales del expresidente del PP.

El expresidente Felipe González habría utilizado su influencia para apoyar los negocios del empresario iraní Masoud Sandy en Chad. Según la información, González facilitó un contrato para explotar una vasta zona rica en oro, zinc, cobre y diamantes. El debate en el programa señala que esta actuación se suma a otras de expresidentes españoles en el extranjero. Los participantes critican la falta de transparencia en las actividades de antiguos mandatarios una vez abandonan el cargo.

Ernesto Icaiza ha descrito los informes de la UDEF que fundamentan la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero como una chapuza elaborada por aficionados. Según el comentarista, el auto del juez José Luis Calama intenta ordenar una investigación carente de indicios sólidos sobre tráfico de influencias. Monserrat Nebrera ha rechazado el uso del término golpismo y ha recordado que los cuerpos policiales poseen los medios técnicos para analizar delitos complejos como el blanqueo de capitales. Ha señalado que los jueces suelen fiarse de esos informes en las fases iniciales. El debate ha evocado una declaración de Eduardo Torres Dulce en 2014 ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde alertaba de que las causas llegan instruidas por la policía. Los participantes coinciden en que aún existe una pieza secreta de la investigación cuyo contenido se desconoce.