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Comunidad de Madrid prefiere residencia de lujo para Ayuso que vivienda para Mari Carmen

Una activista ha denunciado públicamente la responsabilidad compartida de varias administraciones en el desahucio de la pensionista Mari Carmen en Madrid. Según su testimonio, el Gobierno central no ha reformado la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, mientras que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no ofrecieron ninguna alternativa de alquiler social. La crítica se centra en que las autoridades prefirieron destinar recursos a una residencia de lujo valorada en 6,3 millones de euros para cargos públicos en lugar de adquirir la vivienda para que la anciana pudiera permanecer en ella. La manifestación contra el desalojo fue descrita como pacífica, aunque contó con un amplio dispositivo policial. La activista relató haber presenciado cómo Mari Carmen fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón y expresó su rechazo a que en el siglo XXI se produzcan desahucios que dejen a personas vulnerables sin hogar.