España necesita un gobierno que proteja a las fuerzas de seguridad y no las sabotee

El juez Peinado ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Begoña Gómez abandone el país con apoyo de las fuerzas de seguridad. Según el análisis, esta hipótesis carece de fundamento real y responde a una instrucción judicial irregular desde su origen. El comentario destaca que ni Marlaska ni la Policía Nacional participan en ningún plan de fuga y que Begoña Gómez no huiría por las consecuencias políticas inmediatas. Se señala además una obsesión personal del magistrado con el caso, basada en recortes de prensa y métodos cuestionables.

A menos de 72 horas de la cumbre de la OTAN, el juez Peinado sigue sin resolver si autoriza a Begoña Gómez a viajar con el presidente del Gobierno a Turquía. La esposa del presidente también solicitó permiso para asistir a la graduación de su hija en Londres, pero la acusación popular encabezada por Apteoir se opone por riesgo de fuga. Los participantes del debate consideran vergonzosas las medidas cautelares impuestas y critican que el juez no se haya pronunciado antes de los desplazamientos. Uno de los tertulianos afirma que la decisión del magistrado busca en realidad cuestionar al ministro del Interior Marlaska y no a Begoña Gómez.

El vídeo analiza los fondos que Juan Carlos I mantuvo en paraísos fiscales desde mediados de los años noventa. Según el relato, parte de ese dinero, de origen desconocido, fue transferido a una ONG británica tras la muerte del banquero Romero Maura. Los recursos procedían supuestamente de donaciones recibidas entre los años cincuenta y setenta. El emérito habría cedido el control de los fondos para proteger la imagen de la monarquía, aunque sigue considerándolos propios. El tono del contenido cuestiona la falta de investigaciones judiciales y la aplicación desigual de la ley en casos relacionados con la familia real.

Un inspector de Hacienda ha explicado en un debate televisivo las dificultades para cobrar las deudas de grandes morosos que aparecen reiteradamente en las listas públicas. Según Ramsés Pérez Boga, estos contribuyentes utilizan sociedades interpuestas y testaferros para mantener sus bienes fuera del alcance de los embargos. El caso de Bertín Osborne se ha citado como ejemplo: Hacienda intenta embargar los pagos por actuaciones en ayuntamientos, pero el proceso falla cuando los contratos se realizan a través de terceras empresas o en entidades no públicas. Además, el dinero de estos deudores suele estar en paraísos fiscales mediante cuentas numeradas. Los inspectores cuentan con herramientas como el intercambio automático de información fiscal (CRS) y comisiones rogatorias internacionales, aunque estas últimas resultan lentas. La deuda puede ser tanto personal como solidaria por sociedades vinculadas al contribuyente.

Víctor de Aldama, condenado por corrupción, ha sido visto celebrando en Ibiza la boda de un abogado vinculado a Ova Oil 3000, sociedad investigada por un presunto fraude de más de 70 millones de euros. El enlace reunió a varios investigados por defraudar presuntamente más de 180 millones a Hacienda, entre ellos Félix Aparicio y Claudio Rivas, ambos relacionados con tramas de hidrocarburos. El inspector Ramsés Pérez Boga señaló que estos perfiles manejan grandes cantidades mediante sociedades interpuestas y complejas estructuras fiscales.