Cinco antifascistas imputados por los incidentes del mitin de Vox en Granada

La Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años de cárcel para los raperos El Gincho y Osiris por una presunta agresión sexual cometida tras un concierto. Los hechos serán juzgados el próximo 18 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, según ha adelantado el diario Punto Es. El Gincho ya cumplió anteriormente una condena de tres años por un delito de detención ilegal.

Donald Trump ha celebrado su 80 cumpleaños transformando los jardines de la Casa Blanca en un ring de artes marciales mixtas. La velada contó con 14 luchadores, entre ellos el español Iliad Opuria que acabó hospitalizado, y la presencia de más de 4000 asistentes entre políticos republicanos y empresarios. El evento incluyó sobrevuelos de cazas y banderas publicitarias, con un coste superior a 60 millones de euros. Los comentaristas del vídeo critican el despilfarro y lo describen como una exaltación del machismo y del hombre blanco americano. Uno de los participantes llegó a insultar a Michelle Obama durante la retransmisión, mientras los asistentes veían los combates.

La Audiencia de Valencia ha dictado sentencia contra el futbolista Rafa Mir, exjugador del Valencia y actual delantero del Elche. El tribunal le condena a ocho años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y lesiones. Además de la pena de cárcel, la resolución establece una orden de alejamiento de la víctima durante diez años y una indemnización de 64.000 euros. La sentencia todavía no es firme. Rafa Mir ha reaccionado en redes sociales manifestando su disconformidad y anunciando que recurrirá la decisión, reiterando su confianza en el sistema judicial.

Un político ha afirmado que cualquier persona que llegue a Senegal, Argelia o Marruecos recibe en tres meses un piso de protección oficial o el ingreso mínimo vital en España. Verificadores han desmentido esta afirmación calificándola de bulo deliberado. Para acceder al ingreso mínimo vital se exige residencia legal continuada de al menos un año y estar en situación de vulnerabilidad económica. Las viviendas de protección oficial también requieren nacionalidad española o residencia legal, además de empadronamiento en la comunidad autónoma correspondiente. Las normas son idénticas para inmigrantes y ciudadanos españoles y ninguna ayuda se concede de forma automática.