La UCO sitúa a Santos Cerdán al frente de la trama que protegía a Sánchez

Profesores y profesoras de Valencia mantienen su protesta frente al Palau de la Música en la cuarta semana de huelga. Los sindicatos denuncian la falta de acuerdo con la conselleria y aseguran que no han podido reunirse con el presidente de la Generalitat. Las principales demandas incluyen mejoras salariales, mayor protección de la educación pública y reparación de infraestructuras en colegios afectados por la DANA. Durante la concentración se produjo un roce con un agente policial que intentó impedir la grabación de imágenes.

El Defensor del Pueblo ha reclamado un informe detallado a la policía tras la agresión sufrida por una profesora de 68 años durante las protestas por la educación pública en la Comunidad Valenciana. Las imágenes muestran cómo un agente la empuja con fuerza y la docente cae al suelo golpeándose la cara contra el cemento. Las movilizaciones incluyen acampadas en plazas y sentadas frente a la Consellería de Educación que han derivado en otras cargas policiales. Un comentarista destaca que los docentes y familias están defendiendo un derecho básico frente a la respuesta institucional.

Doce años después de las primeras detenciones, 41 expolíticos, funcionarios y empresarios vinculados a la trama Púnica se enfrentan al juicio por presunto amaño de contratos públicos. La causa investiga irregularidades en la venta de suelo madrileño y el desvío de fondos en obras del Metro durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los procesados figuran el exconsejero Francisco Granados, su esposa, el intermediario Marge Aliza y el empresario Javier López Madrid. La fiscalía solicita más de 625 años de prisión por delitos de fraude, prevaricación, cohecho y malversación. El reportaje subraya la lentitud del proceso judicial en comparación con otros casos de corrupción que han avanzado con mayor rapidez, generando debate sobre la igualdad ante la justicia.

David Fernández ha analizado en directo las piezas del caso Púnica relacionadas con contratos públicos amañados durante el mandato de Esperanza Aguirre. Según el político, varios funcionarios que participaron en la manipulación de adjudicaciones de vivienda protegida y obras de metro continúan en empresas de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Fernández ha subrayado que la pieza sobre la financiación irregular del Partido Popular sigue sin avance tras doce años de instrucción, mientras otros procedimientos judiciales se resuelven con mayor rapidez. Ha recordado que la presunción de inocencia debe respetarse hasta que exista sentencia firme. El comentario pone de relieve las diferencias en los tiempos de la justicia y la permanencia de algunos cargos intermedios en la administración pese a las investigaciones abiertas.

El Partido Popular ha apelado públicamente a sus socios parlamentarios, entre ellos Junts y el PNV, para que permitan la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, la formación conserva acuerdos con Vox en varias comunidades autónomas, lo que genera tensiones con los independentistas que rechazan cualquier pacto con la ultraderecha. Durante el debate se recordó que el programa de Vox incluye la eliminación del Estado de las Autonomías, lo que mantiene encendidas las alarmas entre los socios del Ejecutivo. También se aclararon las competencias exclusivas de las comunidades en sanidad, educación y vivienda, señalando que varias autonomías gobernadas por el PP se niegan a aplicar la ley estatal de vivienda.