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El gobierno ha denunciado una supuesta operación de derribo contra el fiscal general del Estado que involucra bulos y una trama mediática y económica. Durante el debate se mencionaron casos de presunta corrupción como los de Ábalos, Koldo y Aldama, y se criticaron instrucción judiciales irregulares en el pasado. También se puso en duda la credibilidad de jueces como García Castellón y Peinado por actuaciones que habrían dañado la confianza pública en el sistema judicial.

En un debate televisivo, Nayara Pinedo ha cuestionado las filtraciones que permiten a Miguel Ángel Rodríguez anticipar acciones judiciales contra el PSOE. El tuit publicado por Rodríguez un día antes del registro en Ferraz ha generado especulaciones sobre posibles contactos con sectores policiales. Pinedo también ha recordado casos como el de Pablo Casado y la corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso para ilustrar posibles diferencias en el trato judicial.

Un invitado a un programa de debate ha defendido que el Poder Judicial debería aceptar con naturalidad el escrutinio crítico sobre su actuación. Según su análisis, existen indicios de dobles varas de medir y coincidencias que alimentan la sospecha de una operación coordinada entre poderes judiciales, políticos y mediáticos para derribar al actual gobierno. El invitado recordó que ya durante la Segunda República el Poder Judicial desempeñó un papel desastroso al ralentizar reformas como la redistribución de la tierra. Extendió esta crítica al periodo posterior al 15M, cuando, en su opinión, el Estado y los grandes partidos actuaron para eliminar cualquier rastro de aquel movimiento popular. A pesar de la represión histórica contra las clases populares, el invitado concluyó que el impulso de emancipación frente a la opresión es consustancial al ser humano y por tanto nunca desaparecerá.