Miguel Bosé acusa a ecologistas y Agenda 2030 de agravar los incendios en España

Vox ha vuelto a centrar el debate sobre los incendios forestales en la falta de limpieza de los montes y ha rechazado que el cambio climático sea el responsable principal. Según el partido, la Agenda 2030 y la ley de cambio climático impiden la prevención y representan una ideología dogmática. Expertos y comentaristas desmienten estas afirmaciones recordando que la legislación permite la limpieza de montes y que las declaraciones de Vox y algunos dirigentes del PP carecen de base legal. Se critica además el posible pacto entre PP y Vox por compartir este discurso negacionista.

El comentario político cuestiona la viabilidad de pactos de Estado con quienes insultan al presidente Pedro Sánchez y mencionan la Agenda 2030 como distracción. Destaca la ausencia de contratos y recursos para los bomberos como prueba de falta de compromiso. Se señala que las declaraciones de Óscar deberían provocar dimisiones inmediatas en el gobierno.

Los trabajadores de la Dirección General de Emergencias en Galicia han denunciado la precariedad de sus contratos laborales. Según su testimonio, la plantilla ha pasado de 500 empleados en 2008 a solo 124 plazas en 2023. Explican que firman contratos como conductores de taxis o técnicos de mantenimiento pero son enviados a combatir incendios forestales. Además, aseguran que deben desplazarse con sus propios vehículos desde su centro de trabajo en la carretera a La Coruña. El proceso de adjudicación de destinos se realizó sin una normativa clara y generó coacción entre los empleados, según relatan. Uno de ellos solicitó el encuadre jurídico del acto un mes antes de la campaña forestal sin obtener respuesta.

Un representante sindical ha manifestado su sorpresa ante la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien según él conoce las protestas de los trabajadores pero no actúa para resolver sus reclamaciones. Durante el debate se ha subrayado que la prevención de incendios requiere un presupuesto que la administración no está dispuesta a asumir, a pesar de que los costes posteriores de extinción y daños superan ampliamente esa inversión inicial. El portavoz ha recordado que las movilizaciones han sido muy visibles y que la falta de recursos pone en riesgo tanto el medio natural como las vidas y propiedades de los madrileños.

Un trabajador de la Comunidad de Madrid ha denunciado públicamente que lleva desde 2012 sin un contrato formal a pesar de sentencias del Tribunal Supremo que debían regularizar su situación como fijo discontinuo. Según su relato, la administración regional ha optado por contratos de innovación que carecen de documentación real y no están registrados en el SEPE. La denuncia judicial presentada hace dos años sigue paralizada por negociaciones que no han fructificado. El testimonio pone de manifiesto posibles irregularidades en la contratación pública y la falta de transparencia en los expedientes administrativos.