Familia de Sonia Martín denuncia inacción policial tras su desaparición

Los allegados de Sonia Martín han reiterado su petición de información sobre su paradero. Durante una intervención en Radio Nacional, uno de los familiares ha insistido en que solo desean saber que la joven está viva y bien, aunque decida permanecer alejada de su entorno habitual. Han recordado que Sonia es mayor de edad y que cualquier persona que la haya visto o sepa de ella puede facilitar ese contacto sin que implique su regreso inmediato.

Varias personas han sido víctimas de una estafa en pueblos del Valle del Lecrín y la Alpujarra. Una vecina identificada como Ana relató que entregó 10 euros tras recibir una llamada de una mujer que pedía ayuda para un trasplante de riñón de su hijo. Tras la llamada, Ana descubrió que al menos otras seis o siete personas del mismo pueblo de unos 800 habitantes habían sido timadas de forma similar. Los casos también se han detectado en Nihuelas y otros municipios cercanos, donde las estafadoras llegaban incluso a las puertas de los colegios. Varios pueblos de la zona ya están alertados sobre esta modalidad de fraude que se repite en el Valle del Lecrín y la Alpujarra.

Un hombre ha denunciado públicamente que su hermana se ha quedado con la totalidad de la herencia familiar, impidiéndole acceder a su parte correspondiente. Según su relato, los bienes incluyen una finca de olivos y el dinero de las cosechas, gestionados inicialmente a través de una cooperativa. El denunciante asegura que su hermana modificó la cuenta bancaria para ponerla a su nombre y el de su marido, y que el abogado que contrató no actuó correctamente. Afirma que lleva trece años sin mantener relación con ella y la acusa de no haber entregado ni un céntimo a su madre.

La policía científica ha encontrado restos biológicos sospechosos en la clínica donde fue asesinado un logopeda en Valencia. Los analistas examinan si la mancha corresponde a semen y si puede relacionarse con la versión del único detenido. El padre del menor ha declarado que irrumpió en la sala tras escuchar gritos y sospechó de un posible abuso sexual. Sin embargo, el centro carece de cámaras de videovigilancia, lo que contradice parte de su relato. La jueza ha ordenado prisión provisional para el investigado mientras la policía analiza teléfonos, tablet y ordenador de la víctima para contrastar los hechos.