En 1999, el asesinato de Rocío Balinkov conmocionó a la sociedad española. Rocío había quedado con su novio para acudir a la feria de Fuengirola, pero su destino fue trágico; apareció muerta un mes después, con múltiples puñaladas y envuelta en bolsas de plástico. El caso recibió gran atención mediática, y en medio de la presión por encontrar al culpable, fue detenida Dolores Vázquez, mujer que había tenido una relación con la madre de Rocío.
A pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, Dolores fue encarcelada por 17 meses, víctima de un linchamiento público potenciado por prejuicios de su entorno social, incluyendo su orientación sexual y su manera de ser. Dolores se declaró inocente durante todo el proceso, pero no logró evitar la estigmatización social ni la violencia verbal y física en su contra.
Cuatro años después, el verdadero asesino fue identificado tras la muerte de Sonia Caravantes, demostrando la inocencia de Dolores y evidenciando fallos en el sistema judicial y prejuicios sociales arraigados. Su caso refleja cómo la lesbofobia y los prejuicios pueden condicionar la justicia y la vida de las personas.
Hasta la fecha, Dolores Vázquez no ha recibido indemnización por el tiempo injustamente cumplido en prisión, y su historia sigue siendo una llamada a cuestionar los prejuicios y las narrativas simplistas que lesionan a individuos inocentes.
