España investigará el accidente ferroviario para reforzar su sistema de alta velocidad

Los primeros indicios apuntan a un fallo en el centro de control de mando de ADIF como origen del incidente ferroviario. Las autoridades han iniciado un análisis exhaustivo para determinar qué ocurrió, cómo se produjo y si existieron deficiencias en los procedimientos de control. El responsable ha asegurado que no utilizará a ningún trabajador como escudo y que las responsabilidades se determinarán una vez concluya la investigación. Ha expresado un profundo dolor por las víctimas y sus familias, pero ha defendido que las decisiones sobre dimisiones deben basarse en los hechos y no en presiones previas. Se ha confirmado que el problema de comunicación se originó entre los equipos informáticos de la central de URTA y que será necesario esperar a que Itachi Rail obtenga los permisos judiciales para analizar los registros. El sistema LZB, que opera en circunstancias normales con dieciséis controladores, funcionó correctamente y eliminó cualquier riesgo antes de que se tomaran decisiones para reanudar la marcha.

La diputada del Partido Popular Esther Muñoz ha reclamado el cese inmediato de Óscar Puente como responsable del sistema ferroviario. Durante su intervención, Muñoz ha defendido que las responsabilidades políticas deben pedirse antes que las judiciales y ha recordado los problemas persistentes en Renfe y Adif tras el accidente de Adamuz. La representante popular considera que Puente no debería comparecer en el Congreso sin haber dimitido previamente.

El controlador de Atocha que ordenó al AVE continuar a marcha normal tras un fallo en el sistema LZB se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. Las primeras conclusiones de la investigación independiente revelan que el convoy Renfe circulaba entre 160 y 200 kilómetros por hora cuando impactó un objeto detenido en la vía. Un maquinista de la línea de Andalucía corrigió la orden del controlador para reanudar la marcha normal.

Las autoridades han confirmado 69 fallecidos hasta el momento. Los institutos de medicina legal de Toledo y Ciudad Real centran sus esfuerzos en identificar los cuerpos para ofrecer respuestas rápidas a las familias. El proceso es minucioso y requiere tiempo. Por ahora se han identificado cinco personas mediante huellas dactilares y se han practicado un total de 48 autopsias.