El Gobierno presiona para que el Real Decreto Maricarmen acabe con los desahucios
El Gobierno ha reiterado su compromiso de no renunciar a las medidas de protección a los inquilinos y de presionar para que el Real Decreto Maricarmen se apruebe en su versión más exigente. El caso de Maricarmen se presenta como un punto de inflexión que obliga a decidir entre la especulación y las familias. Las declaraciones insisten en la necesidad de eliminar los desahucios, especialmente los que afectan a personas mayores que han cumplido con sus pagos durante décadas. También se reclama la regulación de los alquileres habitacionales y de temporada, así como la congelación de precios que impiden el acceso al derecho a la vivienda recogido en la Constitución. El Ejecutivo subraya que la prórroga automática de contratos debe ser la norma cuando el inquilino cumple con sus obligaciones y que no se aceptará un decreto que no ofrezca soluciones completas a las reivindicaciones del sindicato de inquilinos.
