Ruanda, un país marcado por el genocidio de 1994, ha construido desde el año 2000 bajo el liderazgo de Paul Kagame una narrativa de estabilidad y crecimiento económico que ahora atrae la atención de Europa.
Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos estudian convertirlo en destino de deportaciones mediante un proyecto piloto previsto para 2027 dirigido a personas con asilo denegado.
El plan se enmarca en el despliegue del Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha recibido críticas de medio centenar de organizaciones por la falta de garantías reales en un país con acreditadas violaciones de derechos humanos.
Cada deportación supondría un coste aproximado de medio millón de euros según estimaciones del gobierno alemán, mientras expertos lo consideran desproporcionado e ineficaz.