El coro ensaya con intensidad para la entrega de los Premios Princesa de Asturias

El centro de París amaneció ayer con operarios colocando tablones en los escaparates dañados por el vandalismo del fin de semana. En la calle del Templo, la óptica donde trabaja Torquería perdió una vitrina y la dueña lamenta que estos actos empañen las protestas estudiantiles. Cathy, propietaria de una tienda de moda, cerrará antes hoy por precaución mientras el prefecto recomienda a los comerciantes que refuercen su propia seguridad. Paul, dueño de una tienda de mochilas, ha unido fuerzas con vecinos para contratar vigilantes privados con perros. Las ventas de gas pimienta y armas de autodefensa han aumentado notablemente en todo el país tras los incidentes que afectaron a unos 3.000 comercios.

La Fiscalía ha solicitado formalmente la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación vinculado a joyas encontradas en su antiguo despacho. El ministerio público rechaza además la posibilidad de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para recabar información adicional sobre el caso. Por otro lado, el juez Calama ha ordenado a Patrimonio Nacional que entregue en un plazo de dos días una copia de los documentos que acrediten la aceptación de obsequios recibidos durante las dos legislaturas en las que Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha declarado que intentará formar gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre aunque el Partido Popular no resulte la fuerza más votada. El líder popular no ha descartado un posible pacto con Vox si este le permite sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Entre sus propuestas destacan la supresión del ministerio de Igualdad como departamento independiente, la reapertura del debate sobre el aborto en menores de edad y la garantía de que el salario mínimo interprofesional no tribute en el IRPF.

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que entregue en un plazo de cinco días la lista con los nombres y apellidos de las 163.020 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Estos ciudadanos no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre debido a una decisión previa del propio tribunal. La resolución afecta a los ministerios de Exteriores, Justicia y Presidencia, que deberán facilitar los datos para permitir una correcta elaboración del censo electoral. El Supremo advierte que el incumplimiento podría acarrear multas de hasta 1.000 euros o la deducción de testimonio.