España bloquea los SMS de marcas no verificadas para frenar estafas

La Agencia de Protección de Datos ha iniciado una investigación sobre lo que podría ser el primer ciberataque cometido por inteligencia artificial en España. Según la información disponible, un agente de IA habría identificado un fallo de seguridad y accedido a archivos y facturas de una empresa. El análisis se centra en las implicaciones de este tipo de incidentes para la ciberseguridad nacional.

Varios cirujanos del hospital Ramón y Cajal han denunciado que el centro sanitario modificó la gravedad registrada de algunos pacientes pendientes de intervención. Según las acusaciones, el objetivo era reducir artificialmente las listas de espera quirúrgicas. Los facultativos señalan directamente a los responsables del hospital como impulsores del cambio. La Comunidad de Madrid ha rechazado las afirmaciones y mantiene que no se ha producido ninguna alteración de datos.

El juez Pablo Yaren ha rechazado nuevamente la aplicación de la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El magistrado mantiene activa la orden de detención que pesa sobre el político en España. Según el auto judicial, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la amnistía al no afectar a fondos europeos, pero no resuelve si los hechos de malversación vinculados al procés respondieron a un interés personal, aspecto que el Tribunal Supremo considera determinante.

Dos voluntarios de una caseta que presta servicios a personas migrantes en Oviedo sufrieron una agresión por parte de ocho individuos de ultraderecha. Los atacantes arrancaron banderas LGTB y un cartel antirracista antes de propinar puñetazos y patadas, dejando inconsciente a uno de ellos. Los afectados relataron que el alcalde de Oviedo restó importancia al incidente al calificarlo de anécdota y al afirmar que los agresores no eran tan malos chavales. También señalaron que la concejala de Vox Sonsol Esperalta había apuntado previamente a las casetas y que el diputado Ignacio Jové se rió de la agresión sin condenarla. Los voluntarios consideran que se trata de un delito de odio motivado por el trabajo con migrantes y la presencia de símbolos LGTB, y advierten de que la agresión pudo haber tenido consecuencias letales.