El gobierno ha aprobado hoy dos decretos de vivienda tras la movilización provocada por el desahucio de Mari Carmen. El primer texto extiende dos años la congelación de alquileres en zonas tensionadas y regula los contratos de temporada para evitar fraudes. También amplía la protección contra desahucios hasta 2030 y prohíbe la compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028.
El segundo decreto establece la renovación automática de contratos de alquiler, convirtiéndolos en indefinidos, aunque esta medida podría no superar el trámite en el Congreso. El sindicato de inquilinas advierte que las reformas son insuficientes y no abordan los problemas estructurales del mercado inmobiliario español.
Según datos oficiales, el 61% del alquiler está en manos de grandes tenedores, los precios han subido un 45% desde 2015 y existe un déficit de 750.000 viviendas. El viernes el Congreso decidirá si convalida los decretos.