El caso del asesinato de Samuel Luis pone de relieve la importancia de denunciar los delitos de odio, aunque persisten numerosas barreras que impiden a las víctimas actuar.
Las personas del colectivo LGTBIQA+ en poblaciones pequeñas temen que una denuncia provoque una salida abrupta del armario con consecuencias en su vida social, laboral y familiar.
Los migrantes sin permiso de residencia o trabajo, especialmente en Ceuta, evitan denunciar por el riesgo de un expediente de expulsión.
El temor a represalias, ya sea de entornos radicalizados o del propio entorno laboral, y las barreras idiomáticas complican aún más el acceso a la justicia.
Los fiscales deben proteger los datos de las víctimas y aplicar la legislación de testigos para reducir estos miedos.
