La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia una política migratoria más estricta al aprobar la creación de centros de deportación en países terceros. El nuevo reglamento de retornos contempla acuerdos bilaterales que permitirán trasladar a migrantes en situación irregular, incluyendo familias con niños, aunque se excluye expresamente a los menores no acompañados.
Italia ya había iniciado esta vía con los centros abiertos por Giorgia Meloni en Albania, y ahora la UE otorga cobertura legal a este modelo. Países como Austria, Dinamarca y Países Bajos están explorando fórmulas similares. El objetivo principal es elevar la tasa actual de expulsiones, que se sitúa en el 28%.
Además, se endurecen las normas para quienes no cooperen y se amplía el plazo máximo de detención hasta 30 meses. El acuerdo ha recibido el apoyo del PP y la ultraderecha, mientras que los grupos de izquierda y las ONG lo han criticado duramente. A pesar de este giro, los datos de Frontex indican que las llegadas irregulares han descendido un 40%.
