El Tribunal de Justicia de la UE avala la ley de amnistía española

El juez que instruye el caso Leire ha aplazado hasta mañana la declaración como imputada de Mercedes González, directora de la Guardia Civil. La comparecencia se ha pospuesto porque el interrogatorio previo al DAO Manuel Llamas se ha prolongado más de dos horas. Durante su declaración, Llamas negó haber ejercido presiones sobre los generales y mandos que dirigían investigaciones por corrupción. También aseguró que nunca solicitó apartar a los agentes de la UCO que investigaban causas de naturaleza política. El DAO reconoció que es habitual abrir informes reservados cuando se producen filtraciones a los medios y confirmó que recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras publicarse el correo electrónico personal de Begoña Gómez. Mañana Mercedes González tendrá que explicar su relación con la llamada Ley de 10 y con la trama que presuntamente intentaba boicotear investigaciones que afectaban al PSOE.

Delsi Rodríguez ha anunciado que presentará una querella contra Víctor de Aldama por un delito de injurias. El comisionista del caso Coldo afirmó que ella le entregó un sobre con dinero procedente de una petrolera venezolana destinado a financiar ilegalmente al PSOE. Hoy se celebró un acto de conciliación entre los abogados de ambas partes en un juzgado de Madrid, donde Aldama no se retractó de sus declaraciones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener el juicio con jurado popular contra la esposa del presidente del gobierno. El tribunal retira dos de las acusaciones iniciales y levanta las medidas cautelares que pesaban sobre ella. Además, ordena la devolución del pasaporte a la investigada.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido recibida como una victoria para la aplicación de la ley de amnistía en Cataluña y España. El texto destaca que el fallo confirma la validez de la amnistía desde tres perspectivas: derechos humanos, constitucional y derecho europeo. Se exige ahora que la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ejecuten la resolución sin dilación. Se critica a parte de la judicatura española por supuestamente obstaculizar la aplicación de la ley, aunque se reconoce que el TJUE se ha limitado a resolver las cuestiones prejudiciales planteadas.