Dos personas escalan el Empire State para pedir matrimonio y terminan detenidas

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España han entrado en una vivienda para intentar rescatar dos cadáveres que permanecen en su interior desde hace una semana. Las familias solicitaron apoyo porque la extracción solo es posible con maquinaria pesada. El equipo está formado por sesenta militares que incluyen médicos, sanitarios e ingenieros, y cuenta con ocho perros de rescate. Seis de ellos están entrenados para localizar personas con vida y los otros para encontrar restos. La situación es muy complicada por el estado del edificio, que ha quedado prácticamente derruido, y las condiciones obligan al uso de mascarillas. El equipo llegó día y medio después del terremoto y sigue trabajando contra el reloj.

Donald Trump ha visto duplicada su fortuna personal en 2.000 millones de dólares desde que regresó a la Casa Blanca. Según el contenido analizado, ese incremento proviene de inversiones en criptomonedas, la gestión de hoteles y campos de golf, además de la comercialización de biblias y teléfonos móviles. Los demócratas han denunciado estos hechos como un caso de corrupción nunca visto anteriormente.

El Tribunal Supremo ha acordado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del proceso de regularización de inmigrantes con el Convenio Schengen y el derecho comunitario. La decisión se produce después de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón, que solicitaban incluso medidas cautelares para paralizar el procedimiento. El gobierno, a través de la ministra Elma Saiz, ha reiterado que el proceso cuenta con todas las garantías jurídicas y que ya se han tramitado la mitad de las 1,2 millones de solicitudes recibidas. Expertos consultados indican que, en caso de que el TJUE se pronuncie, la resolución podría tardar meses o años y no tendría efectos retroactivos.

El Orgullo ya está en marcha en toda España bajo el lema de memoria, lucha y visibilidad. Los organizadores de las marchas exigen un pacto de Estado contra los discursos de odio, que han aumentado un 38% desde 2023. Según los datos presentados, ocho de cada diez personas del colectivo LGTBI temen por su integridad física y reclaman mayor protección y visibilidad.