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Un abogado ha aclarado que su defendido no regresará a España hasta que el Tribunal Supremo aplique la amnistía. El letrado ha distinguido entre el levantamiento de las órdenes de detención y la aplicación efectiva de la amnistía. Ha indicado que corresponde al Supremo leer la sentencia del Tribunal Constitucional y elevar el expediente desde la fase de instrucción del juez Llarena a la sala competente. Según sus palabras, el horizonte temporal se sitúa en días o semanas, aunque el equipo legal no controla esos plazos.

El orador lanza una dura crítica al actual presidente, al que describe como el hombre más tramposo de la democracia. En su intervención pide a la ciudadanía que esté atenta y acuda a votar en unas elecciones que considera trascendentales. El mensaje contrapone dos modelos: un gobierno sensato formado por clases medias, obreros y contribuyentes frente a quienes prefieren no trabajar, ocupar y vivir de los demás. La llamada principal es a prepararse para emitir el voto y defender el primer modelo.

El juez Pablo Llarena ha suspendido la orden de detención contra Carla Sputnamón tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional. La corte avaló con siete votos de la mayoría progresista la amnistía del delito de malversación a los líderes del procés, estimando el recurso presentado por la exconsellera Dolors Bassa. La ponencia corrió a cargo del presidente Cándido Conde Pumpido. La medida allana el camino para un posible regreso del expresidente Carles Puigdemont a España. Puigdemont ofrecerá esta tarde una declaración institucional desde Waterloo, en Bélgica, para valorar la decisión judicial.

El Consejo ha aprobado dos reales decretos ley que mantienen la esencia de las normas rechazadas la semana pasada en el Congreso. Uno de ellos extiende hasta dos años los contratos de alquiler para quienes estén al corriente de pago y limita las subidas de renta. El segundo decreto plantea la prórroga automática de los contratos al vencimiento, salvo determinadas causas, pero su entrada en vigor queda condicionada a la validación en la Diputación Permanente ante la ausencia de mayoría parlamentaria. El Ejecutivo ha defendido que estas medidas responden a una necesidad de humanidad y no a una cuestión ideológica, con el objetivo de aportar estabilidad y tranquilidad a los inquilinos.