Iglesias exige reubicar ya a las 500 niñas de Ceuta en otras comunidades

Turquía ha detenido a cerca de 90 activistas LGTBI que protestaban este martes frente al Palacio de la Justicia de Estambul. Las manifestaciones responden a las redadas policiales realizadas durante el fin de semana en varios locales y asociaciones del colectivo. La policía turca arrestó a miembros del colectivo en distintos puntos de la ciudad, lo que generó las protestas que derivaron en las nuevas detenciones masivas.

La Audiencia Nacional ha ordenado la paralización de las obras destinadas a la instalación de un campamento de 16.000 metros cuadrados en el puerto de Ceuta. El gobierno ha registrado ya a 2.140 menores migrantes que se encuentran en alguno de los espacios montados en la ciudad autónoma.

Adam, Ada y Rayan, tres menores de entre 16 y 17 años, llegaron solos a Ceuta y llevan diez días durmiendo en la playa de Benítez. Entraron por la verja y ahora buscan una plaza en un centro de acogida mientras relatan que la situación no es segura por los enfrentamientos entre migrantes y con las fuerzas de seguridad. Según el gobierno central, entre 700 y 1000 menores continúan en las calles ceutíes. Las autoridades han recogido datos de 1600 niños y adolescentes que ya están bajo tutela, sumados a los 2000 que ya residían en la ciudad. Los expedientes para determinar si se quedan o retornan a Marruecos pueden tardar meses y el país vecino no ha respondido a las solicitudes planteadas desde 2021.

Expertos han encontrado restos humanos en criptas por primera vez, lo que complica las tareas de identificación. La prioridad ahora es localizar a unas 200 personas en una operación que se describe como extremadamente difícil. Se debate si las acciones representan profanación o cuidado de los restos. El caso se enmarca en una cuestión de derechos humanos y justicia, con la convicción de que se está más cerca de lo difícil que de lo imposible.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para establecer normas comunes en todos los países miembros que prohíban el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años. Entre los 13 y los 15 años, las cuentas deberían estar supervisadas por los padres y las plataformas tendrían que incorporar medidas de protección contra el scroll infinito y la exposición excesiva. En España, el Gobierno impulsa una ley que elevaría la edad mínima a 16 años y que ya se encuentra en trámite parlamentario. Los datos actuales muestran que más del 70 % de los niños de 12 años en el país ya tienen perfil en TikTok o Instagram, lo que evidencia el incumplimiento de las políticas vigentes. El principal desafío señalado es la falta de un sistema tecnológico fiable de verificación de edad. Expertos recuerdan que la responsabilidad no puede recaer solo en las plataformas y destacan el papel clave de las familias en el control del uso digital de los menores.