El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por el procés tras aval europeo

Un mes después del doble terremoto en La Guaira, la zona más afectada muestra un paisaje de ruinas donde continúan las labores para recuperar cadáveres. Miles de cuerpos permanecen bajo los escombros mientras más de 20.000 personas siguen alojadas en campamentos provisionales. La emergencia ha dado paso a una crisis humanitaria y la recuperación apenas ha comenzado.

El juez Calama ha rechazado el incidente de nulidad solicitado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que la petición llegó fuera de plazo. El magistrado ha ordenado la comparecencia como investigados del presidente y del consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra durante la segunda semana de septiembre. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado un nuevo informe más extenso sobre las joyas vinculadas al expresidente.

Ocho comunidades autónomas han pedido al Gobierno central que asuma el mando de la emergencia por incendios declarando el nivel nacional. Esta medida, contemplada en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, transfiere las competencias de protección civil a manos del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska queda al frente de la coordinación de todos los recursos materiales y humanos disponibles, incluidos los de comunidades no afectadas directamente. La dirección operativa recae en la Unidad Militar de Emergencias, que ya ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil para recibir apoyo aéreo. Se trata de la segunda vez que se aplica este protocolo en España, tras el apagón nacional registrado en abril del año pasado.

La Comunidad de Madrid atraviesa el peor incendio de su historia según las autoridades regionales. Las condiciones de altas temperaturas y vientos persistentes han unido tres focos que ya afectan a seis mil hectáreas. Un total de diecinueve mil personas han sido evacuadas o confinadas en cuatro municipios. La situación se describe como inédita por la alta densidad de población y viviendas en la zona. Las administraciones autonómicas y el Estado coordinan recursos mutuamente para combatir el fuego y proteger vidas y propiedades mientras se apela a la colaboración de todos los implicados.