El Gobierno defiende las derivas de menores a la Península como solución para Ceuta

El debate gira en torno a la sensación de provisionalidad que rodea la convocatoria de elecciones en España. Pedro Sánchez ha reiterado su intención de agotar la legislatura, aunque no descarta un adelanto técnico que evite llegar al 22 de agosto de 2027. La ley orgánica del régimen electoral general obliga a convocar 54 días antes del fin del mandato, lo que fija esa fecha límite. Históricamente, los adelantos han sido frecuentes: de 16 elecciones, nueve se anticiparon, con Suárez y Felipe González como los presidentes que más recurrieron a esta opción.

La delegación del gobierno de Madrid ha enviado una respuesta al ayuntamiento en la que aclara aspectos jurídicos sobre la convocatoria de actos públicos. Según el comunicado, el consistorio no puede ampararse en el derecho de reunión para organizar manifestaciones y debe limitarse a actos institucionales. La Constitución Española reconoce en su artículo 21 el derecho a manifestarse, que requiere solo comunicación previa y puede prohibirse únicamente por razones de orden público. Los expertos consultados indican que estos derechos fundamentales están dirigidos a las personas y no a las administraciones públicas.

Un representante político ha valorado positivamente el primer intento de un gobierno español por abordar los desafíos económicos de Ceuta mediante un proyecto estructurado. Ha recordado que la UGT de Ceuta lleva años reclamando medidas para reducir la fuerte dependencia del sector servicios y conseguir una economía autosuficiente. El orador ha insistido en que Ceuta es España y que las condiciones de vida deben equipararse a las de la península. También ha propuesto como gesto de solidaridad institucional la acogida de los 1500 menores que actualmente se encuentran en la ciudad.

Un informe publicado esta mañana ha generado debate al alertar sobre una supuesta ceutafobia por género en la zona de Marroquíes. El análisis político considera que, de confirmarse, implicaría una participación directa de Marruecos en actos de desestabilización de la soberanía española en Ceuta. El ministro del Interior ha sido señalado como responsable de solicitar aclaraciones sobre el documento. Los comentaristas insisten en que Marruecos, aliado de Trump y Netanyahu, mantiene una postura de desestabilización tanto de la frontera como del propio gobierno de España. Se reclama al Ejecutivo español que actúe de forma contundente desde el punto de vista diplomático y político, recordando que Ceuta representa también una frontera europea.

Blanca, madre de Carla Fernández, relata cómo el asesinato de su hija en 2023 la impulsó a visibilizar a las víctimas de feminicidio en España. Desde el primer momento rechazó que su hija fuera solo el número 30 de ese año y decidió mostrar su foto para recordar que era una persona con nombre. La madre alerta de que los agresores suelen pertenecer al círculo íntimo y no a los perfiles que tradicionalmente se temen. También denuncia el olvido social que rodea a estas muertes y la deshumanización que generan las estadísticas.