Maricarmen recibe apoyo con sentada en la lucha de la cantobera

El Gobierno ha confirmado que llevará a la Diputación Permanente los decretos de vivienda que fueron rechazados por el Pleno del Congreso. Una de las normas entra en vigor el 1 de noviembre y la segunda lo hará el 15 de noviembre. El Ejecutivo sostiene que la vía es perfectamente legal y constitucional, aunque reconoce el debate ético que genera el procedimiento. Las 21 medidas incluidas pretenden ampliar la oferta de vivienda y frenar la especulación para facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno recuerda precedentes similares en el Parlamento andaluz y asegura que siempre actúa bajo el paraguas de la ley.

Una activista ha vinculado de forma directa la muerte de Mari Carmen a los intentos de desahucio que sufrió en los últimos meses. Según su testimonio, las imágenes de octubre de 2025 muestran a una persona autónoma que sufrió un claro deterioro físico tras los sucesivos intentos de desalojo. El caso ha impulsado la aprobación del decreto Mari Carmen, que entró en vigor ayer, aunque la activista lo considera insuficiente y reclama cambios legislativos más profundos para proteger el derecho a la vivienda. Además, ha denunciado la difusión de bulos y desinformación sobre la vida personal de Mari Carmen en los medios y redes sociales durante las últimas semanas.

El señor Semper ha manifestado su preocupación por la reactivación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente tras su rechazo en el Pleno del Congreso. Según sus palabras, el procedimiento elegido por el Ejecutivo constituye un subterfugio que altera la decisión adoptada por la cámara hace apenas diez o quince días. El político ha subrayado que resulta inquietante que el presidente del Gobierno justifique esta vía alegando que el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, cuando fue el propio Congreso el que le invistió en el cargo. Semper ha calificado la maniobra de dudoso apego democrático y ha advertido sobre el riesgo de utilizar de forma selectiva la legitimidad parlamentaria.

Carles Puigdemont ha reivindicado la ley de amnistía como el reconocimiento explícito del Estado español de que los conflictos políticos no deben resolverse mediante la represión penal. Según sus palabras, el expresidente y otros miembros del Govern abandonaron España como ciudadanos libres antes de cualquier querella y posteriormente comparecieron ante la justicia belga tras la euroorden emitida por España. Puigdemont subraya que el regreso en libertad sin haber pisado cárceles ni tribunales españoles demuestra que la vía legislativa ha rectificado el enfoque anterior y confirma que en Europa los conflictos se resuelven políticamente.